“Todos por un nuevo país”, es así como ha nombrado el Presidente Juan Manuel Santos el Plan Nacional  de Desarrollo (PND) 2014-2018 con el cual quiere plantear las directrices a seguir durante este periodo de su gobierno apoyado en tres pilares: paz, equidad y educación cuyas problemáticas, en mayor o menor grado, han marcado la historia de nuestro país.

 

Partiendo de la realidad nacional que muestra un contexto de conflicto armado interno y de las afectaciones que este tiene en los demás sectores que constituyen la dinámica de la nación, además de las consecuencias en la inversión extranjera, el gobierno busca la estructuración de su PND  basado primordialmente en una política que permita alcanzar la paz a través de diversos mecanismos como el desarme, la desmovilización y la reintegración de grupos armados al margen de la ley, así como la reparación y restitución a víctimas del conflicto armado.  Para lograrlo es que el gobierno le apuesta desde hace aproximadamente tres años a los diálogos que viene adelantando con las FARC en la Habana, Cuba.

 

Todo lo anterior nos lleva a centrarnos en  el análisis del componente de seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz,  aspecto  abordado en el PND a partir de dos ejes articuladores: El primero de estos es el fortalecimiento de los roles del estado para el goce efectivo de derechos de todos los habitantes del territorio que se quiere lograr a partir de: proveer seguridad y defensa en la nación; promover y mejorar los mecanismos de  justicia; fortalecer la democracia así como la promoción y protección de los derechos humanos;  mejorar la política criminal para dar respuesta adecuada y oportuna .  El segundo de estos aspectos es  la justicia transicional y goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado interno con objetivos tales como: garantizar el goce de los derechos de las víctimas del conflicto armado;  fortalecer y articular los mecanismos de transición para la paz y consolidar la acción integral contra las minas antipersonales.

 

Es indiscutible el esfuerzo que se evidencia en el planteamiento del PND, sin embargo queda la impresión de ser exageradamente abstracto, ambicioso y soñador, igualmente de requerir una importante estructuración, fundamentación y soporte desde el aspecto económico, político, de infraestructura y desarrollo de competencias y capacidades institucionales e interinstitucionales del Estado para poder implementarlo  en este cuatrienio, así mismo se identifican unas líneas de acción generales, respondiendo a aspectos muy transversales que resultan difíciles de encuadrar.

 

Centrándonos en la búsqueda de mirar la coherencia y viabilidad del componente de seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz en el PND, es necesario establecer una relación entre el documento base del plan, el articulado  que lo reglamenta,  en el capítulo IV de la Ley 1753 de 2015 y el plan plurianual de inversiones.  Al analizarlos es posible observar una gran cantidad de vacíos que dejan sin apoyo todo el engranaje que se encuentra en el documento base, no solo desde la reglamentación sino también desde lo presupuestal ya que como lo expuso en debate del Congreso, el Senador Iván Duque “los mecanismos de transición hacia la paz como un rubro del Plan de Desarrollo apenas tiene el 0.2% de los recursos…, protección de los derechos humanos apenas el 0.2% de los recursos y… las garantías a las víctimas para su reparación y atención apenas llegan al 1.2% del presupuesto del Plan de Desarrollo”.  Lo anterior muestra un punto débil en este componente y es la falta de relación entre el presupuesto y los objetivos para la consecución de la paz, lo que conllevará inevitablemente a que se convierta en un plan lleno de incumplimientos, por lo tanto si se quiere que el tránsito a escenarios de paz, ausencia  de conflictos y mayor inclusión  se dé, el Estado tiene que destinar una asignación presupuestal mayor, lo que en las condiciones actuales es muy difícil, además de disponer de cambios a nivel institucional que favorezcan el proceso y las condiciones en el posconflicto.

 

Adicional a lo anterior se le ha criticado al Plan la poca visión que maneja, para incorporar en el algunas de las instituciones, mecanismos de agencia y financiación que permitan dar cumplimiento a los acuerdos logrados con la negociación en la Habana, lo que implicaría, llegado el caso, una reconstrucción o modificación de las condiciones, las cuales  quedarían por fuera del PND.  Con respecto a lo anterior el Estado se defiende “bajo el pretexto de que no se puede aplicar lo concertado con las FARC porque hasta que todo esté pactado, nada está pactado” (Restrepo, 2015, p. 5)

 

En conclusión a pesar de lo ambicioso de los objetivos planteados, se presentan dificultades que el gobierno debe salvar si quiere lograr su objetivo de una Colombia en paz. A esta meta pocos especialistas le apuestan y consideran que será uno más de aquellos PND que pasaran a la historia sin lograr el impacto proyectado.

 

Por:     Liliana María García Galeano

            Docente.

 

 

Bibliografía:

 

Debate en el Congreso.  Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=DVXMwmpNT30

 

Diario oficial 49538.  Ley 1753 de 2015.  Recuperado de

http://www.achc.org.co/documentos/prensa/LEY-1753-15%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014%20-%202018.pdf

 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  Recuperado de

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf

 

Restrepo, D. (2015, abril). Conejo a la Descentralización para la paz. Colección controversia sobre desarrollo.  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 siempre el mismo país.  Universidad Nacional de Colombia.  Recuperado de http://www.cid.unal.edu.co/cidnews/archivos/coleccion-controversias-sobre-desarrollo.pdf